A un año de la muerte de la joven que murió
porque le negaron su derecho al aborto.
Hoy hacen actos de recordatorio.
(Mariana Carbajal, Página/12, 17 de mayo) "Yo sabía que ella tenía que hacerse un aborto porque lo había escuchado en una charla, sabía que en casos como el de ella estaba permitido. Peleamos con el director del hospital, recorrí fiscalías, vi a jueces, no me quedé quieta nunca para salvar a mi hija y no la pude salvar”, dice Norma Cuevas, con la voz ahogada por el recuer
do. Su hija, Ana María Acevedo, tenía 20 años cuando un año atrás murió sin tratamiento para su cáncer porque en el Hospital Iturraspe, de Santa Fe, le negaron un aborto terapéutico y no quisieron aplicarle quimioterapia porque estaba contraindicado para el embarazo.
Hoy a partir de las 10, organizaciones de mujeres que impulsan la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto se concentrarán frente al hospital que la condenó a una muerte segura y marcharán por el centro de la ciudad, para recordar a Ana María y denunciar “el sistema autoritario y patriarcal que sigue matando mujeres en nombre de la vida”.
“No sé cómo voy a hacer para ir a ese hospital. Hace días que no puedo dormir bien pensando en que tengo que volver a ese lugar, donde pasé los últimos siete meses de vida de Ana María”, decía Norma, en su casilla del barrio San Francisco Solano, en la localidad de Vera, a unos 300 kilómetros de la capital provincial. La rodeaban los tres hijitos de Ana María, de 5, 3 y 2 años, que ahora viven con ella, su marido Haroldo Acevedo y sus tres hijos de 12, 16 y 18 años.
El caso de Ana María Acevedo es emblemático y “pone en evidencia la realidad que padecen cientos de mujeres que son discriminadas en el sistema de salud pública, sometidas a tratos deshumanizados, a las que la sociedad y el sistema judicial les niegan el derecho a acceder a un aborto legal, seguro y gratuito”, señalan desde la Multisectorial de Mujeres de Santa Fe, organizadora del acto de hoy, e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
“A Ana María la mataron la intolerancia, el autoritarismo, la falta de respeto por la vida ajena; en definitiva, la suma de todos los fundamentalismos”, dice la abogada Lucila Puyol. Representa legalmente a la mamá y el papá de Ana María junto a otras letradas de la Multisectorial en la causa penal para determinar las responsabilidades de los médicos que la atendieron, las autoridades hospitalarias y los miembros del Comité de Bioética que rechazaron el aborto que pedía la familia. Varios de los profesionales fueron citados a indagatoria. El juez Eduardo Pocoví todavía no hizo ninguna imputación. “Creemos que se trata de un homicidio con dolo eventual, porque estaba prefigurado el desenlace de la muerte al negarle un tratamiento oncológico”, señaló Puyol. A partir de la historia clínica y el testimonio de los padres de Ana María, las abogadas reconstruyeron el drama que vivió la joven en los últimos meses antes de morir.
La crónica de su dolor comienza a ser registrada en mayo de 2006, cuando Ana María recurrió al hospital de su localidad, Vera, porque tenía un fuerte malestar de muelas. Tras cinco meses de atención odontológica, el 23 de octubre de ese mismo año, fue derivada al Hospital Cullen, de la ciudad de Santa Fe. Allí le detectaron un cáncer en el maxilar y le extrajeron una parte del tumor de las partes blandas de su cuello. La familia dice que no le explicaron la gravedad del cuadro ni que debía tomar precauciones para no quedar embarazada.
El 23 de noviembre de 2006 fue derivada al Servicio de Oncología del Hospital Iturraspe, pero ante la sospecha de que podía estar embarazada no le iniciaron el tratamiento por el cáncer porque la quimioterapia está contraindicada para la salud del feto. El embarazo se confirmó el 7 de diciembre. El 22 de febrero de 2007 el Comité de Bioética del Iturraspe se enteró del caso y lo analizó. La reunión quedó registrada en un documento escrito. Muestra claramente lo poco que valía la vida de Ana María para los médicos. “¿En algún momento se pensó en un aborto terapéutico? Por convicciones, cuestiones religiosas, culturales, en este hospital (y en Santa Fe) no”, dice el acta de la discusión. También precisa: “En este estadio de la enfermedad aún se puede hacer quimioterapia y radioterpaia como chance para mejor calidad de vida”, pero “con el embarazo en curso ambas posibilidades terapéuticas se descartan”. Y más adelante sigue: “La familia, los padres expresan que no se le está haciendo nada. Y en realidad es así, pues se le está tratando el dolor pero no se combate la enfermedad”. Con esa negativa, Norma deambuló por los tribunales para reclamar el aborto terapéutico. La autorización nunca llegó.
El caso salió a la luz después de que Ana María fuera sometida a una cesárea, el 26 de abril de 2007. Ya estaba en la Unidad de Terapia Intensiva “en estado pre morten, es decir, con una marcada insuficiencia respiratoria y falla de órganos”, según explicó el médico Emilio Schinner, en el expediente clínico. La criatura que dio a luz, de 22 o 23 semanas de gestación, sobrevivió 24 horas. Ana María murió el 17 de abril.
En un primer momento, el entonces director del Iturraspe, Andrés Ellena, negó que la madre y el padre de Ana María hubieran pedido un aborto terapéutico. La mentira quedó en evidencia cuando se conoció la historia clínica de la joven. Le costó el cargo. Allí dice textualmente: “Se habla con la familia, padre y madre refieren querer realizar aborto, se habla con el director en presencia de los mismos y se les explica que no se puede realizar de ninguna manera. Familia muy agresiva, amenazando que va a recurrir a la Justicia”, dice el parte, fechado el 22 de marzo de 2007.
Ana María apenas había podido ir a la escuela primaria y trabajaba como empleada doméstica. A los 16 años había parido al primero de sus tres hijos. Antes de recibir el diagnóstico de cáncer, su madre –como ella era menor– había iniciado los trámites para que le hicieran una ligadura tubaria. “Tenía todos los papeles firmados, pero en el hospital de Vera no se la quisieron hacer”, recordó la mamá de Ana María. A la muchacha le negaron el derecho a elegir el método anticonceptivo elegido y también el acceso a un aborto terapéutico, no punible de acuerdo con el Código Penal. Su historia y su nombre son un emblema para el movimiento de mujeres argentino.
FEMINICIDIO DE ESTADO
Cuando una mujer muere por un aborto inseguro o porque no pudo acceder a un aborto no punible se produce “un feminicidio de Estado”, definió la doctora en Psicología y profesora titular de la UBA Ana María Fernández.
Fue durante una mesa redonda sobre la problemática del aborto convocada en la Facultad de Psicología. “Hay que recuperar el sentido rector de la universidad: estar abierta a los debates”, enfatizó Fernández al abrir la charla, que tuvo lugar en el marco de la Cátedra Introducción a los Estudios de Género, que encabeza Fernández. Los tres expositores invitados, el médico sanitarista Juan Carlos Escudero, la socióloga e investigadora Susana Checa y la psicoanalista y especialista en Estudios de Género Débora Tajer, coincidieron en que la Argentina tiene que avanzar hacia la despenalización del aborto.
“Si el aborto es clandestino es un problema de todos, no del que no puede pagarlo”, opinó Tajer. “En países que lo han legalizado ha desaparecido el riesgo de morir por un aborto”, apuntó Escudero. En la Argentina, los abortos inseguros son la principal causa de mortalidad materna desde hace veinte años. “Hay que terminar con el horror de la muerte y el sufrimiento que causa el aborto. Debe haber educación sexual y fácil acceso a la anticoncepción”, agregó el sanitarista, profesor titular de las universidades nacionales de Luján y La Plata.
El debate reunió a más de un centenar de alumnos y alumnas de la carrera de Psicología. Checa, investigadora de la UBA en temas de salud y derechos reproductivos, fue la primera oradora. La prohibición que pesa sobre el aborto en el país, dijo, es la “punta del iceberg” de la vulneración de todos los derechos humanos de las mujeres, sobre su salud y sus derechos sexuales y reproductivos particularmente. El aborto pone en juego la autonomía de las mujeres y su derecho a decidir en qué momentos tener hijos, explicó. “Hay mujeres que pueden acceder a ese derecho porque tienen acceso a información y a una salud digna. Pero otras no tienen esa posibilidad: mujeres que han sido violadas, abusadas o simplemente no pudieron prevenir un embarazo que no planificaron, que no estaba en el horizonte de sus vidas”, describió Checa, integrante del Foro por los Derechos Reproductivos y cocoordinadora del Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales.
Tajer, profesora adjunta en Psicología de la UBA, se refirió al impacto en la “subjetividad” del aborto “en un contexto de ilegalidad” como el de la Argentina. “No hay que naturalizar el sentimiento de culpa: tenemos culpa por la ilegalidad de esta práctica y por la condena social”, consideró. El “problema moral” que hay en torno del aborto se da sólo en los países subdesarrollados, donde está prohibido o tiene fuertes restricciones, en contraste con los países desarrollados donde está despenalizado o legalizado, agregó. “En Cuba, donde el aborto es legal, se llama regulación de la menstruación. Es muy distinto que decir matar a una vida. Son distintas las implicancias emocionales y morales”, comparó.
Escudero destacó la tendencia mundial actual a despenalizar el aborto: “Muy pocos países lo prohíben”. Y marcó que la mayoría ha reformado sus legislaciones para liberalizarlas en las últimas cuatro décadas. “En países católicos como España e Italia está despenalizado. Es evidente que es un problema absolutamente político”, subrayó el médico sanitarista. Y consideró a la Iglesia Católica como el “mayor enemigo” para sacar al aborto del Código Penal en la Argentina.
El aborto terapéutico que le negaron a Ana María Acevedo en Santa Fe es considerado “no punible” por el Código Penal. La norma es clara: dice que no será penalizado el médico que realice un aborto si “se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si ese peligro no puede ser evitado por otros medios”. Varias mujeres, la mayoría adolescentes, encontraron obstáculos en los últimos años en el sistema público de salud y en la Justicia para acceder a un aborto no punible.
Para evitar que esos casos se repitan, antes de terminar su gestión el ex ministro de Salud Ginés González García dejó lista una “guía de atención de los abortos no punibles”, dirigida a los médicos, redactada por un equipo de especialistas, con los lineamientos a seguir ante situaciones similares. La guía nunca se llegó a distribuir. Desde que asumió la ministra Graciela Ocaña quedó cajoneada.
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