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Liliana Daunes, La rosa brindada) El martes 11 de marzo se llevó a cabo en la Legislatura porteña, una sesión simbólica en conmemoración del día Internacional de la Mujer. Se abrió de este modo un espacio para que un grupo de 42 mujeres de diversos sectores, de un espacio político más amplio del que conforma la legislatura actual, pudiéramos expresar nuestras palabras, con el derecho a intervenir algunos minutos para exponer demandas y desafíos.
La iniciativa no es nueva. Hubo un encuentro similar a fines de los ’90, en el viejo Consejo Deliberante, cuando todavía la ciudad no era autónoma, y ninguna mujer ocupaba un cargo representativo en el recinto; y otro hace diez años, cuando la primera Legislatura convocó a las mujeres para trazar el panorama con que se enfrentaría la Comisión de la Mujer al redactar las primeras leyes que tenían como marco una constitución que reconoce la equidad de género como obligación de las políticas públicas.
La reunión fue promovida por Diana Maffía, quien junto a Gabriela Alegre y la vicejefe Gabriela Michetti encabezaron la sesión que resultó una verdadera caja de resonancia de los derechos de las mujeres.
Quienes nos sentamos en las bancas esperamos pacientemente nuestro turno para hablar. También lo hicieron algunas de las 18 legisladoras.
Detrás de las bancas mujeres de distintas organizaciones, fundamentalmente feministas, hicieron el aguante, cantaron consignas, aplaudieron y escucharon en silencio, incluso, aquello con lo que seguramente no estaban de acuerdo.
La movida se inició con la intervención de las militantes más veteranas, quienes llevan varias décadas de lucha, Fany Edelmann, de 97 años, rindió homenaje a la revolucionaria socialista Clara Zetkin, quien dedicó su vida a la lucha por la emancipación de las mujeres y por la paz, y mocionó que se aprobara una declaración para “elevar nuestras voces por la vida de Ingrid Betancour y por el intercambio humanitario que ponga fin al padecimiento de centenares de prisioneros de ambas partes, y favorezca la búsqueda de una solución negociada a un conflicto armado que ya lleva más de 40 años, con la esperanza de que se abra una paz con justicia para el pueblo colombiano”...
(Declaración que se aprobó, “simbólicamente”, por unanimidad)
Luego fue la voz de Blanquita Iberlucía la que demandó que se modificaran las inhumanas condiciones de vida que sufren las mujeres presas en las cárceles argentinas.
Y a partir de allí, en diferentes voces fueron resonando temas tales como la necesidad de una legislación adecuada para combatir la trata de personas y para terminar con las redes de prostitución, la demanda de que se cumplan los tratados internacionales firmados por argentina sobre derechos sociales, económicos y culturales, la anulación de las modificaciones realizadas al Código Contravencional que penalizan a las mujeres y travestis en situación de prostitución y el uso del espacio público. La necesidad de que se reglamente el aborto no punible y el reclamo de que se avance en toda la legislación que garantice el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. También se pidió una Ley de educación que contemple la enseñanza de la perspectiva de género desde la primaria. Fueron muchas las voces que exigieron que no sea la represión la forma de respuesta a los reclamos sociales y de las mujeres, señalando “las personas que vivimos y transitamos en la ciudad de buenos aires somos ciudadanas y ciudadanos, somos sujetos y sujetas de derecho y no objetos de represión”
Ante el fuerte reclamo por la despenalización y legalización del aborto, la vicejefa de gobierno Gabriela Michetti se manifestó en contra, pero reconociendo que éste era uno de los temas importantes, comentando además, “aunque fuera políticamente incorrecto” que muchas veces se sentía más cómoda conversando con varones que respondían a su misma cultura que con mujeres tan confrontativas…
Al término de la sesión que duró ¡5 (cinco) horas!, algunas de las mujeres que estábamos desde el comienzo, más algunoas arrimad@s para la ocasión, participamos de un bello momento de creación poética. Leyeron Mirta Rosemberg, Irene Grus y María Medrano.
"Somos desaparecidas sociales"
(Texto leído por Claudia Korol) Soy educadora popular, feminista. Transito lugares habitados por el dolor y la esperanza de muchas mujeres que no entraron nunca en estos recintos. Mujeres que sobreviven cotidianamente, a pesar de las leyes y reglamentaciones que aquí se aprueban sin tenernos en cuenta.
Quisiera acercar las voces de las excluidas, de las que no se cuentan en los conciliábulos que preceden las votaciones de las leyes. Aquí llega un eco de sus voces.
Somos desaparecidas sociales. Somos quienes ustedes nombran con el eufemismo que no designa ni a seres humanos ni a sujetos de la historia. Somos, cuando existimos, un problema.
Somos las mujeres, las travestis, las lesbianas, los gays, las vendedoras ambulantes, las personas en estado de prostitución, que no pudimos entrar a esta Legislatura cuando se votaban las reformas al código contravencional, para retrotraerlo como código de intolerancia, como ley del orden burgués y patriarcal. Somos las que recibimos el golpe de estas puertas cerradas en nuestras narices. Les preguntamos, señoras legisladoras: ¿Qué vale nuestra palabra cuando se decide sobre nuestros cuerpos? Les preguntamos también: ¿Qué sienten cuando deliberan entre vallas? ¿Para quiénes legislan? ¿Contra quiénes? ¿Cómo se sienten legislando en el corralito?
Somos desaparecidas sociales: víctimas de las redes de la trata y de las redes de prostitución. Las secuestradas en democracia que no se nombran, las superexplotadas. Las expropiadas como identidades, como cuerpos, como vidas.
Somos las mujeres que morimos en abortos clandestinos, porque no se legisla ni se reglamentan las leyes que permitan que decidamos con libertad sobre nuestros cuerpos.
Somos adolescentes que nos hicimos mujeres muy rápido, porque no tuvimos derecho a una adecuada educación sexual. Somos niñas que debemos asumir el cuidado de nuestros hermanos, porque nuestras madres solteras no tienen el apoyo estatal que necesitan para criarnos. Somos mujeres golpeadas, maltratadas, porque no hay programas reales que tengan el respaldo suficiente para proteger a las víctimas de la violencia contra la mujer.
Somos trabajadoras desocupadas. Las mujeres que su gobierno, señora Michetti, dejó sin trabajo, sumándonos a la enorme lista de desocupados y desocupadas que habitan la ciudad y el país. Somos las trabajadoras que después de quedar desocupadas fuimos maltratadas, estigmatizadas. Nos dijeron que somos ñoquis. No somos ñoquis. Trabajábamos antes de ser despedidas, y exigimos nuestro derecho a seguir haciéndolo.
Somos las mujeres del Casino. Una y otra vez golpeadas por reclamar trabajo para nosotras o para nuestros hijos.
Somos las mujeres de las empresas recuperadas, que aún no podemos dormir tranquilas porque no se deciden a aprobar las leyes de expropiación. Porque la propiedad privada de los usureros, vale más que nuestras vidas.
Somos cartoneras. Las que revolvemos entre sus sobras, entre sus excrementos, para que no contaminen la ciudad vidriera del turismo y del shopping, en la que la cultura, la educación, la salud, cotizan en el mercado. Nos golpearon, nos echaron del espacio que llaman “público”, pero no nos pueden compactar. No somos basura. Nos desaparecen y aquí estamos. Resistiendo.
Somos las madres de los chicos asesinados en Cromañon. Somos los pibes y las pibas muertas en Cromañon. Somos sobrevivientes que no reciben todavía el apoyo social que necesitan, porque la corrupción y la impunidad se sientan a legislar en este recinto como una prueba más del olvido.
Somos mujeres migrantes, mujeres de los pueblos originarios, afrodescendientes. Las que no contarán en sus planes sociales que exigen ahora certificado de domicilio y documentos. Somos despreciadas por el racismo que exhuda el cuerpo demacrado de la ciudad. Sus hospitales nos reciben, cuando lo hacen, después de colas más largas que cualquier dolencia.
Vivimos y morimos en talleres de trabajo esclavo. Cuando hacen políticas para nosotras, es para que sigamos siendo esclavas pero sin trabajo; o para ser expulsadas violentamente de su ciudad, de su país.
Para nosotras, desaparecidas sociales, la cara del poder tiene el rostro de la policía. Porque ante nuestras demandas, lo que recibimos son sus golpes. Por eso nos hartan sus debates sobre la jurisdicción y el presupuesto para la policía. Los cuerpos que ustedes llaman de seguridad, nosotras los llamamos fuerzas represivas. Son los asesinos de nuestros hijos, muertos por el gatillo fácil, que castiga el delito de ser pobres.
Señoras legisladoras: Les sugerimos que antes de aumentar el presupuesto a la policía, antes de definir sus jurisdicciones, antes de inventar nuevos cuerpos represivos, revisen sus prácticas, depuren sus fuerzas, para que no queden más asesinos, corruptos y coimeros. Tal vez entonces descubran que pueden achicar el presupuesto, porque sean muy pocos los que queden.
Señoras legisladoras: Su poder nos condenó. No les vamos a pedir permiso para manifestarnos, para ejercer nuestros derechos. Exigimos que se asegure la voz y la participación de las organizaciones populares en el debate político. Para estar en este recinto, no simbólica sino políticamente.
Somos desaparecidas sociales. Aparecemos cuando luchamos y nos organizamos para existir y vivir con dignidad. Somos mujeres luchadoras, como aquellas trabajadoras a las que les rendimos homenaje cada 8 de marzo.
Somos feministas que queremos terminar con todas las opresiones de una cultura androcéntrica que refuerza el sistema capitalista, patriarcal, racista. Luchamos por transformar el mundo, por conquistar todas las emancipaciones que humanizan la vida.
Las personas que vivimos y transitamos en la ciudad de Buenos Aires somos ciudadanas y ciudadanos y somos sujeto de derecho, y no objetos de represión.
Por la pluralidad ideológica en los medios
(Texto leído por Liliana Daunes) Como trabajadora de la comunicación y como feminista, quiero expresar que es imposible en este tiempo transformar el lugar de las mujeres y de los sectores más vulnerables de la sociedad, mientras los grandes medios de comunicación, privados y públicos, sigan siendo fuentes fundamentales de la reproducción de una cultura patriarcal. Sigan siendo voceros del gran capital, y formadores de un imaginario consumista, en el que todo se vuelve mercancía, desde el agua hasta la basura, desde la educación hasta el cuerpo y las vidas de las mujeres.
Medios de comunicación que construyen y defienden valores funcionales al poder, negando o banalizando derechos fundamentales como el derecho al trabajo, a la educación, a la salud, a la vivienda. Medios en los que se criminaliza a las trabajadoras o a los trabajadores en huelga, a las desocupadas o a los desocupados que demandan su lugar en la sociedad, a las maestras o a los maestros que defienden la educación pública, y hasta pueden reproducir impunemente la propaganda electoral de quien dio la orden de represión que terminó con la vida de Carlos Fuentealba. Medios de comunicación en los que Julio López vuelve a desaparecer. Medios que minimizan la violencia machista e invisibilizan los feticidios. Medios de comunicación en los que las mujeres que exigimos educación sexual, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, somos estigmatizadas por el coro patriarcal de la Santa Inquisición.
La democracia en la comunicación es mucho más difícil aún, cuando se recorta o condiciona el lugar para la pluralidad de voces que intenta expresar la comunicación alternativa. Cuando se cierran espacios públicos como el canal de la ciudad, con el consiguiente despido de trabajadores y trabajadoras de la comunicación, y se siguen desvalorizando los espacios con perspectiva de género en la radio pública. Se trata de políticas que precarizan aún más el empleo, como parte de las políticas flexibilizadoras con que el gobierno de la ciudad y sus legisladores y legisladoras vienen castigando a las trabajadoras y trabajadores, para dibujar los éxitos de su presupuesto.
Son políticas que, al mismo tiempo, recortan o niegan la posibilidad de promover las voces que visibilizan las demandas, las historias, el lenguaje y las prácticas de mujeres que han venido bregando históricamente por su emancipación, como parte de la emancipación general de la humanidad. Y es preciso aclarar: no me estoy refiriendo solamente a la inclusión de más mujeres en los medios.
El ser mujer no asegura una posición de lucha contra las opresiones. Lo que estoy planteando es el derecho a la pluralidad ideológica, en medios de comunicación que hegemónicamente reproducen la cultura androcéntrica. Es la posibilidad de que se exprese una mirada del mundo, no la propia, no la de una u otra periodista, sino la de una corriente histórica y la de un movimiento, que se va creando a sí mismo desde la identificación de la opresión de las mujeres que realiza el patriarcado, y desde las batallas por nuestra emancipación. Es la palabra de un feminismo que no pretende lograr un cupo para integrarse en la dominación, sino que aspira a deconstruir todas las dominaciones de una cultura opresora en la que se refuerzan mutuamente, el capitalismo, el patriarcado, el racismo, la violencia.
Es sabido que si unos pocos controlan la información, no es posible la democracia. En Argentina aún nos rige una Ley de Radiodifusión de la dictadura. Es algo vergonzoso. Es la ley hecha a medida de los Videla, de los Massera, de los Martínez de Hoz.
Es indispensable una nueva ley que garantice el pluralismo informativo y cultural. Si bien se trata de una ley nacional, demandamos que también en la Ciudad se vaya haciendo camino en esta dirección. Necesitamos que los medios públicos sean fuertes, y estén al servicio de todas y todos y no de los gobiernos de turno o de los sectores del poder.
El derecho a la comunicación es un derecho humano y no un negocio. La mercantilización de la cultura, agrava y profundiza la realización de una programación de los medios de comunicación que desbordan de lenguaje sexista, de humor misógino, de estereotipos machistas, de vulgaridad en el tratamiento de problemas constituyentes de la identidad de las personas como por ejemplo la sexualidad, de naturalización de los roles subalternos de las mujeres, de bastardeo a la libre opción sexual de lesbianas, gays y travestis.
Es imprescindible que se cumplan con los avances que ya fueron logrados por el movimiento de mujeres, y que en este momento están amenazados por la política proteña.
Quiero recordar que la Constitución de la Ciudad establece en los artículos 36, 37 y 38 que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato entre varones y mujeres en el acceso y goce de todos los derechos y la incorporación de la perspectiva de género en el diseño y ejecución de las políticas públicas. Por lo tanto, se dispone que el Gobierno porteño debe respetar la perspectiva de género en todas sus políticas públicas, incluyendo las comunicacionales. Esto se afirma también en la ley 474, que crea el Plan de Igualdad de Oportunidades y de Trato entre varones y mujeres. No queremos que estas leyes sean letra muerta.
Los medios de comunicación suelen ser en su gran mayoría los fieles voceros de un orden que mata, reprime, discrimina y excluye. Los problemas sociales, las demandas de las mujeres, no pueden tener como respuesta la represión.
Las personas que vivimos y transitamos en la ciudad de buenos Aires somos ciudadanas y ciudadanos. Somos sujetos y sujetas de derecho y no objetos de represión.
Sobre el retroceso de las libertades ganadas
(Texto leído por Liliana Azaraf) El 8 de marzo para nosotras, feministas, es una jornada de lucha, que no rinde honores sino que significa compromiso con todas las mujeres que fueron y que son hasta el día de hoy víctimas de la violencia patriarcal capitalista.
Luchamos por transformar las relaciones de opresión en los espacios privados, y también por ocupar nuestros lugares en los espacios públicos, y cuando digo espacios públicos no me refiero a cuotas del poder existente. Me refiero a aquellos lugares en los que se interpela colectivamente el poder del Estado. A aquellos lugares, calles, plazas, también ámbitos del Estado, que día a día vienen siendo privatizados al servicio de la clase y de los grupos de poder. Que son negados a los sectores expulsados y excluidos por sus políticas, a los sectores que se han vuelto vulnerables por falta de trabajo, de educación, de salud, de vivienda, o por la ausencia de políticas que permitan la igualdad de oportunidades para las personas que sufren alguna discapacidad.
Esta situación de injusticia se agrava cuando a la exclusión se le agregan medidas represivas.
En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el primer Código de Contravenciones del año 1998 no establecía penalizaciones para las personas en situación de mayor vulnerabilidad social.
En el año 1999 comenzó el retroceso en las libertades ganadas luego de tantos años de gobiernos dictatoriales y autoritarios, con la reforma del artículo 71, que comenzó a penalizar a las mujeres y travestis en situación de prostitución. Repudiamos a las legisladoras y legisladores que pretenden resolver con represión los problemas sociales.
La violencia legal y policial es una forma de violencia institucional que en este caso, tiene un fuerte contenido discriminatorio de género, clase, orientación sexual.
Demandamos que se cumplan los tratados internacionales firmados por Argentina.
Las personas que vivimos y transitamos en la ciudad de Buenos Aires somos ciudadanas y ciudadanos. Somos sujetas y sujetos de derecho, y no objeto de represión.
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