OTRA VÍCTIMA FATAL EN CHILE
El conteo señala que murió la mujer número 61,
pero en realidad es la última muestra de lo que viene sucediendo
desde que nuestras sociedades tienen memoria.
La víctima, identificada como Margarita Chandía Torres, se había separado tres meses atrás de Pedro Riveros Gómez, de 43 años, quien la esperó a que pasara rumbo a su trabajo y le propinó una golpiza, luego de lo cual la apuñaló 16 veces en el tórax, dejándola moribunda
en el suelo.Según el informe policial, el hombre escapó a la casa de una hermana, donde se suicidó enterrándose la daga a la altura del corazón. Testigos dijeron que la víctima abandonó a Riveros hace 90 días para reunirse con su pareja anterior, lo que provocó la furia del homicida.
El pasado 22 de noviembre más de tres mil personas marcharon por el centro de Santiago para protestar contra la violencia de género, que hasta ese día había cobrado la vida de 59 mujeres en lo que va de año.
La marcha llegó hasta el frontis del Palacio de La Moneda, sede de Gobierno, en la Plaza de la Ciudadanía, donde las manifestantes clavaron 59 antorchas en homenaje a las mujeres que durante el presente año fueron asesinadas por sus esposos, parejas o novios.
A principios de octubre el oficialista Partido por la Democracia (PPD) entregó a la presidenta Michelle Bachelet un plan de emergencia con diez medidas para contrarrestar los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas y el aumento de la violencia intrafamiliar.
Además, solicitó al Senado aprobar el proyecto de ley de Tribunales de Familia, que lleva largo tiempo en trámite legislativo, sin que se haya estudiado pese a la seguidilla de asesinatos de mujeres por sus parejas.
- Crear Fiscalías Especializadas en Violencia Intrafamiliar con dedicación exclusiva.
- Incorporar a personal de Carabineros capacitado en violencia intrafamiliar dentro del Plan Cuadrante de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior.
- Crear un sistema Integral de Protección a las víctimas: se activará a partir de la aplicación de un formulario de registro denuncia único que identifique la identidad y el historial de conducta del denunciado. De acuerdo a esta información y tras evaluar el perfil del denunciado se generará automáticamente un sistema integral de protección para la victima: detención inmediata del denunciado, traslado de la víctima a casas de acogida u otros instrumentos de apoyo de redes sociales. El formulario será usado a partir de las denuncias por violencia intrafamiliar en comisarías, fiscalías, tribunales o servicios de salud, o cuando Carabineros concurra a domicilios por una denuncia de disturbios.
- Implementar al menos 1 Casa de Acogida por provincia para resguardar la integridad de las víctimas de violencia intrafamiliar e iniciar su rehabilitación sicológica.
- Crear Consejos Territoriales de Protección a las víctimas que articulen redes de apoyo social en coordinación con las policías locales.
- Establecer un sistema de Alerta de Riesgo Inminente, ARI, vinculado a la aplicación de brazalete electrónico con GPS a agresores que estén con prohibición de acercarse a la casa o trabajo de la víctima o víctimas de violencia intrafamiliar.
- Generar una base de datos compartida en línea por todos los organismos y personas que son receptoras de situaciones de violencia intrafamiliar para que al momento de registrar la información de hechos de violencia al interior del hogar, ésta sea enviada automáticamente a todos los responsables de la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar.
- Revisión de todos los casos de femicidios ocurridos durante los últimos 2 años para evaluar cuáles fueron las debilidades del nuevo sistema judicial, las redes de apoyo y los centros y personal que se encargan de recoger las denuncias de violencias intrafamiliar.
- Mandatar a Intendentes y Gobernadores para que a partir de hechos de violencia intrafamiliar con resultado de muerte actúen como demandante en la causa judicial, quedando facultados para presentar querellas en contra de quienes resulten responsables.
- Crear registro de femicidios en el Instituto Médico Legal donde se registre el vínculo y las circunstancias del asesinato de mujeres al interior del hogar o como víctimas de su pareja o ex pareja, con el objetivo de poder integrar esta información a las bases de datos compartidas por todos los organismos que se vinculan a la violencia intrafamiliar.
Además el PPD solicitó al Parlamento suma urgencia para:
- Proyecto de ley de Tribunales de Familia (pendiente en el Senado).
- Traslado de la figura del maltrato habitual de la justicia civil a la penal. (Senado)
- Orden de protección a víctimas de violencia intrafamiliar (Comisión de Familia, Cámara de Diputados).
- Proyecto de ley que Tipifica el delito de Femicidio. (Comisión de Familia, Cámara de Diputados).
(Sirel / La Insignia, Arnaldo Pérez Guerra, Chile, diciembre) Desde 2001 y hasta septiembre de este año, 322 mujeres han sido asesinadas a manos de maridos, convivientes o ex parejas. Según el Ministerio del Interior, la violencia intrafamiliar aumentó de 60.769 casos en el año 2001 a 95.829 en el 2006.
Aproximadamente el 92 por ciento de las denuncias de violencia corresponde a mujeres. Una mujer agredida física o psicológicamente demora de 5 a 7 años en denunciar a su agresor. En el 80 por ciento de los casos de violencia sexual, el agresor nunca es denunciado.
Según la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado en el último año en un 5,5 por ciento. Los motivos más frecuentes son: celos, el anuncio de la mujer de terminar la relación afectiva, y la negativa de ésta a tener relaciones sexuales. Cifras de la organización: "El año pasado 51 mujeres fueron asesinadas en un contexto de violencia intrafamiliar, y 14.688 fueron víctimas de delitos sexuales, lo que equivale a 40 por día o una cada 36 minutos". A su vez, el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam) asegura que en 2006 las víctimas de feminicidio fueron "sólo" 42.
Una reforma insuficiente
Apenas durante el primer mes de funcionamiento de los nuevos tribunales había seis mil causas, duplicando lo proyectado. El estudio "El funcionamiento de los nuevos tribunales de familia", de la Universidad Diego Portales (UDP), expresa que las audiencias preparatorias demoran seis meses más de lo normal y que la reforma se elaboró sin el presupuesto necesario.
Se prometió acceso a una justicia especializada, más cercana, humana y eficiente, juicios más rápidos, y que -a diferencia d
el antiguo sistema, escrito y secreto-, la nueva justicia sería oral, transparente e imparcial. Se dijo que se mejoraría la oferta de justicia y las herramientas para asegurar la protección de las familias. Que los conflictos serían abordados de manera integral y se promovería solucionarlos por la vía de la mediación.
Apenas un 10 por ciento del total de recursos destinados a la reforma procesal penal llega a los tribunales de familia. No existe un Ministerio de la Familia, una Defensoría de la Mujer o una entidad que coordine a instituciones que parecieran no funcionar.
El 50,3 por ciento de las chilenas casadas o en unión estable ha sido víctima de violencia: el 34 por ciento de ellas sufre violencia física y el 16,3 por ciento abuso psicológico. Las mujeres en condición de pobreza y con menor escolaridad sufren más agresiones, pero la violencia intrafamiliar afecta a todas las clases sociales: "Entre las mujeres de patrón socioeconómico alto y medio-alto, el 38 por ciento ha sido violentada, número que llega al 44,8 en la clase media y alcanza al 59,4 en las clases más bajas".
Para la Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, la visión de la sociedad -exacerbada por algunos medios de comunicación- de que estos delitos tendrían un origen pasional y que los agresores son psicópatas o enfermos, "impide reconocer patrones culturales patriarcales que ven este tipo de violencia como natural y lo legitiman hace siglos. Esos hombres no son enfermos: son agresores, machistas y femicidas. Creen que las mujeres son de su propiedad, que pueden dominar sus cuerpos y sus vidas, y terminar con ellas", señalan.
Del papel a la realidad
Chile ratificó en 1998 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará), en la que se afirma que "la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades.
Es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres". El Sernam cuenta con Centros de la Mujer en todo Chile y la ley de Violencia Intrafamiliar impone penas de hasta 15 años para el maltrato habitual, aunque aún no considera el femicidio como un delito.
Tras el femicidio de Katherine Casas Cordero (26 años) -que había presentado denuncias por violencia intrafamiliar en julio y agosto, y estaba citada recién para octubre-, las autoridades reconocieron el c
olapso de los juzgados.
La jueza Gloria Negroni hizo un dramático mea culpa: "Se le dio fecha para tres meses, pese a que la ley estipula un plazo de diez días. Estamos absolutamente colapsados, el sistema se diseñó mal y no se cuenta con todos los medios para prestar la ayuda que la gente necesita". Verónica Barahona, subsecretaria de Justicia, reveló que las proyecciones de la cantidad de casos ingresados y el número de tribunales y jueces "fueron insuficientes".
El gobierno dio urgencia al proyecto de ley -en segundo trámite constitucional en el Senado-, que inyectará 17.000 millones de pesos y significará nombrar 63 nuevos jueces y unos 600 funcionarios adicionales. Otro proyecto que tipifica el femicidio sigue en trámite en la Cámara de Diputados. "Si bien la ley es una herramienta necesaria para develar el flagelo del femicidio, dada la magnitud de sus consecuencias en el seno familiar y en la sociedad, hay medidas concretas que debiéramos implementar ahora", dice su autora, la diputada Adriana Muñoz del Partido Por la Democracia (PPD).
1 comentario:
Hasta muy poco tiempo atrás, era poco común escuchar, leer o pronunciar en los medios de comunicación la palabra “Femicidio” y según la definición de Naciones Unidas, se entiende que es “ el asesinato de mujeres como resultado extremo de la violencia de género, que ocurre tanto en el ámbito privado como público y, comprende aquellas muertes de mujeres a manos de sus parejas, ex parejas o familiares, asesinadas por acosadores, agresores sexuales y/o violadores, así como aquellas que trataron de evitar la muerte de otra mujer y quedaron atrapadas en la acción femicida.”
En Chile, el conteo público que visibiliza este crimen es presentado por el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM) y en que a la fecha va en el número 61 de muertas según una aplicación correcta de la anterior definición, pero la suma se acrecentaría si hubiera un mayor reconocimiento ante la temática y sobre todo conciente, ante una realidad crudamente estimativa en que una mujer por semana es asesinada en el país.
Por este motivo, dentro de la agenda pública de gobierno sería prudente enfocar y revisar los esfuerzos íntegramente, de acuerdo a último informe regional presentado por la CEPAL el pasado 25 de noviembre: !Ni una más! El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe, y como se plantea en su resumen, lo que se pretende es promover su eliminación e impunidad a través de la difusión y debate en todos los sectores de la sociedad, como también la producción de una interacción que proporcione a las autoridades nuevos elementos en la generación de recursos e instrumentos para su total erradicación y se declara que “es indispensable que esta se convierta en un objetivo central de las agendas públicas: en primer lugar, como problema de derechos humanos y como obstáculo para el desarrollo en segundo. Es necesario avanzar hacia una política pública que subraye el deber de diligencia que tiene el Estado para proteger a las mujeres contra la violencia. La voluntad política debe ir acompañada de los recursos humanos, técnicos y financieros suficientes para articular y profundizar los esfuerzos existentes en materia de prevención, atención y sanción”.
Además, se agrega que junto con “la falta de experiencia, la carencia de modelos o la indiferencia social no son la explicación para las debilidades analizadas en este documento. Los principales obstáculos se encuentran, en primer lugar, en la vacilante voluntad de la esfera institucional, ya que los tres poderes del Estado muestran deficiencia, falta de recursos técnicos, financieros y humanos. En segundo lugar, la persistencia de factores culturales que invaden todas las esferas de la vida social y legitiman la violencia.
En este contexto, la sinergia negativa entre la debilidad institucional y la cultura patriarcal favorece y provoca situaciones de impunidad. Estos factores son causa y consecuencia de la falta de poder de las mujeres, las niñas y las adolescentes. Las buenas prácticas identificadas en la región indican que el círculo de impunidad se puede romper con la puesta en marcha de estrategias multisectoriales, donde las mujeres tengan plena participación como ciudadanas. Debido al crecimiento exponencial de las denuncias, la mayor visibilidad social de las violencias -incluida la de género- y la baja legitimidad de las instituciones públicas, los programas que fueron exitosos en los inicios de la lucha contra la violencia, hoy requieren de un cambio decidido basado en un fuerte compromiso político para realizar reformas institucionales en el ámbito de la justicia y la seguridad, y políticas públicas que se enmarquen en la legislación internacional sobre derechos humanos de las mujeres”.
Por lo tanto, aun nos queda un largo camino por recorrer que solo será realidad si comenzamos a construir responsablemente una realidad social en conjunto y transversal que considere a las mujeres en igualdad plena de derechos.
El informe se puede encontrar en:
http://www.cepal.org/publicaciones/xml/7/31407/Niunamas.pdf
Daniela Andrade Zubia
www.laciudaddelasdiosas.blogspot.com
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