CINCO SIGLOS DE RETRASO
En vísperas de ser anfitriona de la
XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno,
cuando en Chile confluirá también, en la misma semana,
la Cumbre por la Amistad e Integración de los Pueblos Iberoamericanos,
Michelle Bachelet envió al Congreso el proyecto de reforma constitucional
para el reconocimiento de la existencia de los pueblos originarios,
de sus derechos y el carácter multicultural de la República.
(Jorge Luna, de PL, especial para ABI, Santiago de Chile, 2 noviembre) Luego de una larga lucha de los mapuches en defensa de sus derechos, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet envió al Congreso un importante proyecto de reforma constitucional para el "Reconocimiento de los Pueblos Indígenas".
La mandataria, quien ha reiterado su compromiso con la situación, muchas veces precaria, de los pueblos originarios chilenos, afirmó que la iniciativa dará una base común "para hacer nuestra democracia más profunda, más inclusiva y más pluralista".
Esta esperada medida, que deberá ser ahora aprobada por el Congreso, contempla la necesidad de reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos originarios y sus derechos, y la obligación de proteger sus tierras y aguas, así como el carácter multicultural de Chile.
En una ceremonia en el Palacio de La Moneda, Bachelet propuso a todos los chilenos, tanto indígenas como no indígenas, que este reconocimiento "deje de ser un camino incierto y que se convierta en una meta concreta".
La reforma se fundamenta en demandas de un reciente Debate Nacional de los Pueblos Indígenas, donde participaron más de 200 organizaciones pertenecientes a los nueve pueblos originarios de Chile, pero en amplios sectores hay preocupaciones más inmediatas y puntuales.
La propia Bachelet adelantó que "los pueblos originarios ya han esperado mucho tiempo y tenemos que hacer todo lo posible para que los nuevos desafíos puedan cumplirse a la mayor brevedad".
En el reciente aniversario del arribo de Cristóbal Colón a tierras americanas y su impacto en los pueblos originarios de este continente, miles de indígenas chilenos manifestaron su insatisfacción bajo la consigna "No hay nada que celebrar".
Unas cuatro mil personas, con atuendos típicos, pertenecientes a varias organizaciones indígenas urbanas, mayoritariamente mapuches, desfilaron pacíficamente por el centro de Santiago para exigir respeto por sus derechos y la liberación de una veintena de sus dirigentes.
Denunciaron que sus líderes fueron encarcelados en virtud de una "Ley Antiterrorista", heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, situación comprobada recientemente por el ex juez Juan Guzmán, quien los describió como "presos políticos".
Guzmán, el juez que procesó a Pinochet y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, visitó a varios de ellos en distintas prisiones del sur del país y luego denunció que son víctimas de atropellos.
"Los presos mapuches han sido víctimas de la violencia policial, de la invención de delitos y de los fiscales que en vez de sancionarlos por hechos comunes les aplicaron la Ley Antiterrorista", insistió.
Dijo que esa legislación "implica una abierta discriminación y una manera de torcer la ley con tal de tener (a los mapuches) callados y con temor".
"Se dice que se ha suspendido la violencia contra los pueblos originarios y no es cierto. Se ha dicho que no hay discriminación y eso tampoco es cierto", insistió Guzmán y exhortó al Gobierno a firmar los tratados internacionales sobre sus derechos.
Los organizadores de la marcha por el centro de Santiago, que comenzó con la renovación del juramento de seguir la lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales, los cuales comenzaron a perder hace 515 años, insistieron en denunciar la represión policial.
Los manifestantes de las comunidades mapuches Temucuicui y Lleulleuche, el Centro de Comunicaciones Jvfken Mapu y la organización Meli Wixan Mapu, entre otras instituciones sociales, corearon: "liberar, liberar, al mapuche preso por luchar".
Desde la cárcel de Victoria, en la Araucanía, 700 kilómetros al sur, Jaime Huenchullan Cayul reveló esta semana que varios mapuches presos en la cárcel de Angol, condenados mediante la Ley Antiterrorista, cumplen una "huelga de hambre de carácter indefinido".
Señaló que esos presos ponen en riesgo sus vidas con el fin de "presionar al Gobierno para que atienda de manera urgente las demandas ancestrales de nuestro pueblo", como la desmilitarización y el fin de la represión en las comunidades mapuches.
Huenchullan concluyó con un llamado a la comunidad internacional a "permanecer atenta al desarrollo de esta nueva movilización y a la grave situación de salud que presentan algunos de los integrantes de la huelga".
Medios locales destacaron durante la misma semana que unos 40 mapuches ocuparon un fundo en la Araucanía para marcar la fecha y fueron desalojados por Fuerzas Especiales de Carabineros. Hechos similares no siempre son publicados.
Poco antes de anunciarse la reforma constitucional, el Gobierno dio a conocer los resultados de una encuesta sobre los cambios experimentados en los últimos 10 años por los nueve pueblos indígenas que reconoce el Estado, en total, más de un millón de chilenos.
La cifra equivale al 6,6 por ciento de la población chilena, de acuerdo con la Encuesta Casen-2006, y muestra un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al número que se reconocía como indígena en 1996.
De las comunidades indígenas de Chile, la mayor es la mapuche (87,2 por ciento) y le siguen los aymaras (7,8), los atacameños (2,8), los diaguitas (0.8), los quechuas (0.6), los coyas (0.3), los Rapa Nui (0.2), los Kawésqar (0.2) y los Yagán (0.1).
El sondeo reportó que más de dos tercios de la población indígena del país viven en las ciudades, una tendencia creciente, y precisó que 27,1 por ciento radica en torno a la capital; 23,9 en la sureña Araucanía; y 14,7 en la región de Los Lagos, también en el sur.
A pesar de las medidas tomadas por el actual y anteriores gobiernos civiles en favor de los indígenas, la encuesta reconoce que esa población sigue siendo más pobre que la no indígena (19 por ciento versus 13,3) y que "persisten factores socioculturales y de discriminación".
La Encuesta Casen reconoce que los ingresos promedio de la población indígena son 27,8 por ciento menores que los de la no indígena, y que la tasa de participación laboral de la población indígena es similar a la no indígena (56,8 y 57,3 por ciento).
La investigación señala una mejoría en la educación preescolar indígena, de 14 por ciento en 1996 a 34,9 por ciento en 2006, y en la educación básica que pasó, en el mismo período, de 92,6 a 93,3 por ciento.
En la enseñanza media, pasó de 49,1 a 69,8 por ciento en esos 10 años, mientras que en la educación superior "se duplicó la presencia de estudiantes indígenas y disminuyó la brecha con los no indígenas de 11,9 a 1,6 puntos porcentuales, según la Encuesta Casen-2006.
Pero, evidentemente, los organizadores de la gran marcha indígena y los mapuches presos usan otros raseros, sus propias vivencias, para medir su situación y reclaman más respeto a sus derechos en casi todos los ámbitos estudiados por el sondeo.
La mandataria, quien ha reiterado su compromiso con la situación, muchas veces precaria, de los pueblos originarios chilenos, afirmó que la iniciativa dará una base común "para hacer nuestra democracia más profunda, más inclusiva y más pluralista".
Esta esperada medida, que deberá ser ahora aprobada por el Congreso, contempla la necesidad de reconocer constitucionalmente la existencia de los pueblos originarios y sus derechos, y la obligación de proteger sus tierras y aguas, así como el carácter multicultural de Chile.
En una ceremonia en el Palacio de La Moneda, Bachelet propuso a todos los chilenos, tanto indígenas como no indígenas, que este reconocimiento "deje de ser un camino incierto y que se convierta en una meta concreta".
La reforma se fundamenta en demandas de un reciente Debate Nacional de los Pueblos Indígenas, donde participaron más de 200 organizaciones pertenecientes a los nueve pueblos originarios de Chile, pero en amplios sectores hay preocupaciones más inmediatas y puntuales.
La propia Bachelet adelantó que "los pueblos originarios ya han esperado mucho tiempo y tenemos que hacer todo lo posible para que los nuevos desafíos puedan cumplirse a la mayor brevedad".
En el reciente aniversario del arribo de Cristóbal Colón a tierras americanas y su impacto en los pueblos originarios de este continente, miles de indígenas chilenos manifestaron su insatisfacción bajo la consigna "No hay nada que celebrar".
Unas cuatro mil personas, con atuendos típicos, pertenecientes a varias organizaciones indígenas urbanas, mayoritariamente mapuches, desfilaron pacíficamente por el centro de Santiago para exigir respeto por sus derechos y la liberación de una veintena de sus dirigentes.
Denunciaron que sus líderes fueron encarcelados en virtud de una "Ley Antiterrorista", heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, situación comprobada recientemente por el ex juez Juan Guzmán, quien los describió como "presos políticos".
Guzmán, el juez que procesó a Pinochet y actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Central, visitó a varios de ellos en distintas prisiones del sur del país y luego denunció que son víctimas de atropellos.
"Los presos mapuches han sido víctimas de la violencia policial, de la invención de delitos y de los fiscales que en vez de sancionarlos por hechos comunes les aplicaron la Ley Antiterrorista", insistió.
Dijo que esa legislación "implica una abierta discriminación y una manera de torcer la ley con tal de tener (a los mapuches) callados y con temor".
"Se dice que se ha suspendido la violencia contra los pueblos originarios y no es cierto. Se ha dicho que no hay discriminación y eso tampoco es cierto", insistió Guzmán y exhortó al Gobierno a firmar los tratados internacionales sobre sus derechos.
Los organizadores de la marcha por el centro de Santiago, que comenzó con la renovación del juramento de seguir la lucha por la recuperación de sus territorios ancestrales, los cuales comenzaron a perder hace 515 años, insistieron en denunciar la represión policial.
Los manifestantes de las comunidades mapuches Temucuicui y Lleulleuche, el Centro de Comunicaciones Jvfken Mapu y la organización Meli Wixan Mapu, entre otras instituciones sociales, corearon: "liberar, liberar, al mapuche preso por luchar".
Desde la cárcel de Victoria, en la Araucanía, 700 kilómetros al sur, Jaime Huenchullan Cayul reveló esta semana que varios mapuches presos en la cárcel de Angol, condenados mediante la Ley Antiterrorista, cumplen una "huelga de hambre de carácter indefinido".
Señaló que esos presos ponen en riesgo sus vidas con el fin de "presionar al Gobierno para que atienda de manera urgente las demandas ancestrales de nuestro pueblo", como la desmilitarización y el fin de la represión en las comunidades mapuches.
Huenchullan concluyó con un llamado a la comunidad internacional a "permanecer atenta al desarrollo de esta nueva movilización y a la grave situación de salud que presentan algunos de los integrantes de la huelga".
Medios locales destacaron durante la misma semana que unos 40 mapuches ocuparon un fundo en la Araucanía para marcar la fecha y fueron desalojados por Fuerzas Especiales de Carabineros. Hechos similares no siempre son publicados.
Poco antes de anunciarse la reforma constitucional, el Gobierno dio a conocer los resultados de una encuesta sobre los cambios experimentados en los últimos 10 años por los nueve pueblos indígenas que reconoce el Estado, en total, más de un millón de chilenos.
La cifra equivale al 6,6 por ciento de la población chilena, de acuerdo con la Encuesta Casen-2006, y muestra un aumento de 2,2 puntos porcentuales respecto al número que se reconocía como indígena en 1996.
De las comunidades indígenas de Chile, la mayor es la mapuche (87,2 por ciento) y le siguen los aymaras (7,8), los atacameños (2,8), los diaguitas (0.8), los quechuas (0.6), los coyas (0.3), los Rapa Nui (0.2), los Kawésqar (0.2) y los Yagán (0.1).
El sondeo reportó que más de dos tercios de la población indígena del país viven en las ciudades, una tendencia creciente, y precisó que 27,1 por ciento radica en torno a la capital; 23,9 en la sureña Araucanía; y 14,7 en la región de Los Lagos, también en el sur.
A pesar de las medidas tomadas por el actual y anteriores gobiernos civiles en favor de los indígenas, la encuesta reconoce que esa población sigue siendo más pobre que la no indígena (19 por ciento versus 13,3) y que "persisten factores socioculturales y de discriminación".
La Encuesta Casen reconoce que los ingresos promedio de la población indígena son 27,8 por ciento menores que los de la no indígena, y que la tasa de participación laboral de la población indígena es similar a la no indígena (56,8 y 57,3 por ciento).
La investigación señala una mejoría en la educación preescolar indígena, de 14 por ciento en 1996 a 34,9 por ciento en 2006, y en la educación básica que pasó, en el mismo período, de 92,6 a 93,3 por ciento.
En la enseñanza media, pasó de 49,1 a 69,8 por ciento en esos 10 años, mientras que en la educación superior "se duplicó la presencia de estudiantes indígenas y disminuyó la brecha con los no indígenas de 11,9 a 1,6 puntos porcentuales, según la Encuesta Casen-2006.
Pero, evidentemente, los organizadores de la gran marcha indígena y los mapuches presos usan otros raseros, sus propias vivencias, para medir su situación y reclaman más respeto a sus derechos en casi todos los ámbitos estudiados por el sondeo.
PICARDÍA CONCIENTE
(AFP, 2 de noviembre) El vocero del Gobierno chileno, Ricardo Lagos Weber, instó a las cadenas farmacéuticas a contestar si su "objeción de conciencia" para no vender la píldora del día después en Chile es territorial, dado que las firmas expenden el fármaco en Perú, informaron medios locales.
"Alguien debería dar una explicación si las objeciones de conciencia tienen alguna aplicación territorial solamente, y no en general", dijo el portavoz a radio Cooperativa.
Lagos pidió explicaciones sobre el hecho de que las cadenas nacionales venden el polémico fármaco, sin receta y más barato, en sus sucursales en territorio peruano.
Para lograr su distribución en Chile el gobierno debió aplicar cuantiosas multas a las empresas.
La disponibilidad obligatoria de este medicamento en las farmacias ha enfrentado al gobierno con los sectores conservadores como la Iglesia Católica.
Las tres mayores cadenas de farmacias de Chile se negaron a vender el fármaco, argumentando "la objeción de conciencia", por lo que recibieron millonarias multas ya que la pastilla fue incluida por el gobierno de Michelle Bachelet en un listado de productos cuya venta es imprescindible.
La Iglesia Católica ha calificado al Gobierno de "totalitario", por su política de distribución del anticonceptivo de emergencia.
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