UN PASO MÁS Y SE APRUEBA
La ley concubinaria incluye a parejas del mismo sexo y
convertiría a Uruguay en el primer país de Latinoamérica
que cuente con la unión civil.
El proyecto establece derechos y obligaciones para aquella "situación de hecho", en la que dos personas, "cualquiera sea su sexo, identidad u orientación sexual", mantienen "una relación afectiva de índole sexual de carácter estable y sin estar unida por el matrimonio".
Las parejas que convivan más de cinco años tendrán derechos y obligaciones concernientes a la asistencia recíproca, la creación de sociedad de bienes, los derechos sucesorios y el cobro de pensiones por fallecimientos, entre otros derechos vinculados a la seguridad social.
El proyecto fue aprobado sólo con los votos del Frente Amplio, coalición de izquierda en el gobierno, ya que los legisladores del Partido Colorado, conservador, no estuvieron en sala y el Partido Nacional, también conservador, votó en contra.
Esta norma crea "una institución paralela al matrimonio que va a competir con él y será una opción de segundo rango", dijo el nacionalista lvaro Alonso. "La gente no se casa. Nos guste o no, esa es la realidad. La gente tampoco se divorcia, se separa y entra en uniones libres: ¿"En qué me afecta que a tres cuadras de mi casa vivan dos lesbianas o que mi sobrina viva en concubinato?", preguntó en sala el diputado oficialista Jorge Orrico.
En su estudio, "La demografía de las uniones consensuales en Uruguay en la última década", la demógrafa Wanda Cabella asegura que en muy pocos años "ese tipo de unión dejó de ser una modalidad conyugal poco habitual y estigmatizada, para trasformarse en una alternativa usual al matrimonio".
En 1987 la proporción de parejas en Uruguay que optaron por la unión libre fue de 10 por ciento, mientras que en 2007 la cifra se elevó al 30 por ciento, reveló el trabajo. En 2004 el 64 por ciento de las parejas entre 20 y 24 años mantenía una unión libre y el 50 por ciento de las parejas de entre 25 y 29 años también optó por esa vinculación.
Con la aprobación del proyecto Uruguay se unirá a Bélgica, Holanda, España, Canadá y Sudáfrica, quienes ya cuentan con legislación similar.
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